Tras la primera reunión del Consejo de Ministros de la República, que se desarrolló en el Palacio de López, los responsables de los ministerios de la Mujer, Interior y Justicia hablaron sobre las medidas que van a ejecutar desde el Gobierno ante el nuevo feminicidio ocurrido en Lambaré.

Se trata de un flagelo que va en aumento, a pesar de la vigencia de la Ley 5777/16, “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que tiene como objetivo establecer estrategias y políticas de prevención de la violencia hacia la mujer.

El feminicidio de Katia Monserrath Brítez Torres (20), registrado este domingo en Lambaré y cuyo principal sospechoso es su ex pareja, conmocionó a la sociedad paraguaya por la violencia y crueldad en que se produjo el crimen.

Revisión de protocolo

El abordaje integral para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer estará encabezado por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, quien anunció que a partir de ahora el protocolo vigente “será de vuelta un tema de estudio”.

“Salimos de una reunión con una preocupación y de la preocupación nos vamos a ocupar. A raíz de los hechos ocurridos, se activa la Mesa Previm”, afirmó en conferencia de prensa.

La Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (Mesa Previm) estará integrada por varios ministerios que “van a intervenir en este caso”, aunque no especificó cuáles serían esas instituciones.

Ese protocolo, según indicó, será estudiado por los técnicos de los ministerios integrantes de la Mesa Previm.

Botón de pánico

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, habló de la posibilidad de implementar un botón de pánico en los celulares de las víctimas de violencia familiar.

“Para eso, el 911 debe tener una sección aparte para que la respuesta no se mezcle con las demás denuncias. Esto es un tema sensible, los feminicidios deben parar, la violencia familiar debe parar y también hay que darle un enfoque integral”, afirmó.

Asimismo, señaló que en 48 horas el presidente Santiago Peña convocará a una nueva reunión en el Ministerio del Interior, en la cual se pondrá sobre la mesa el borrador del reglamento de la ley que establece el uso de dispositivos electrónicos (pulseras o tobilleras), que se encuentra en vigencia desde el 2017.

“Por expresas instrucciones del presidente en 48 horas, vamos a tener otra reunión en el Ministerio de Interior, a los efectos de implementar de una vez por todas y ojalá para siempre las famosas tobilleras electrónicas”, anunció.

Explicó que la demora de seis años para la reglamentación de la ley se dio “por las disputas institucionales injustificadas entre poderes del Estado que no se ponían de acuerdo en quién iba a ser el que iba a implementar y las responsabilidades”, subrayó.

En la reunión también analizarán las tecnologías que disponen en los ministerios del Interior y Justicia, para resolver “esta semana su funcionamiento”.

En ese sentido, indicó que el empleo de las tobilleras “es tecnología pura”, que también requería de una respuesta inmediata “con los linces o fuera una reacción rápida” ante una alerta.

Tobilleras electrónicas

A su turno, Ángel Barchini, titular del Ministerio de Justicia, reconoció que el feminicidio de Katia se pudo haber evitado, si ya se tenía implementado el uso de las tobilleras electrónicas.

“El caso que ocurrió ayer, por ejemplo, hubiéramos evitado eso, si hubiéramos tenido (las pulseras electrónicas), ya que se le hubiera alertado a la víctima”, admitió.

Barchini indicó que la aplicación de estos dispositivos deber ser de forma “inmediata” e informó que van a estar trabajando “para hacer realidad ese viejo anhelo”.

Explicó que esas pulseras o tobilleras funcionan con tecnología georreferencial, en la cual se marca el perímetro donde el usuario del servicio puede circular y las zonas en las que no.

Si se viola la zona de georreferencia, la víctima va a recibir una alerta en su celular, así como también la Policía Nacional va a ser informada para que pueda intervenir en forma inmediata, explicó Barchini sobre el funcionamiento de las pulseras.

Para Barchini, el retraso en la aplicación de las pulseras no es por una cuestión presupuestaria, sino que pasa por la “responsabilidad de quien va a ejercer el control”.

En la reunión que van a tener en el Ministerio del Interior analizarán la cantidad de los dispositivos que van a poner a disposición.

“Yo creo que vamos a implementar una cantidad que le permita al Ministerio de Justicia quitar un poco las personas privadas de libertad de las cárceles y que estas personas que están procesadas esperen su juicio oral en el domicilio. Eso abarata un poco el costo del Estado, de mantener a las personas dentro de las penitenciarías”, subrayó.

Así también, reconoció que existe “una grave falencia por parte del sistema de seguridad” que no detecta a tiempo una violación del arresto domiciliario, aunque no indicó cuál sería la estrategia a implementar para solucionar el problema de control.

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